AEEFOR exige la comparecencia del ex consejero de Medio Ambiente, José Antonio Echávarri, para explicar las adjudicaciones a ‘Ambienta’ y ‘Puebla y Estéllez’

Cáceres, 22 de abril de 2016. La Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, AEEFOR, exige al consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la legislatura anterior, José Antonio Echávarri, una comparecencia pública en la que explique las adjudicaciones irregulares de obras y servicios forestales que se llevaron a cabo desde su departamento durante el gobierno de José Antonio Monago.

La Asociación denuncia que las empresas Ambienta, propiedad de la familia de Enrique Julián Fuentes, en ese momento director general de Medio Ambiente, y Puebla y Estéllez, la sociedad familiar de Germán Puebla Obando, director general de IPROCOR y CICYTEX, pudieron contar con información privilegiada que les habría dado ventaja competitiva frente al resto de empresas y solicitantes concurrentes a las ayudas a la regeneración de las dehesas.

En este sentido, AEEFOR pide a Echávarri que detalle cuántas obras y servicios, y por qué importes, se adjudicaron desde su consejería a estas empresas, así como las subvenciones y ayudas concedidas a ambas sociedades, especialmente, las destinadas a la regeneración de terrenos adehesados, en el que actuaron como intermediarias, presentaron la documentación, obtuvieron la aprobación, ejecutaron las inversiones y cobraron su importe.

AEEFOR tiene claro que las cuantías millonarias otorgadas en adjudicaciones y subvenciones a estas empresas están directamente relacionadas con su cercanía al gobierno de Monago.

Ventaja competitiva de Ambienta y Puebla y Estéllez

Precisamente, en el caso de las subvenciones a la regeneración de las dehesas, la Consejeria que dirigía Echávarri hizo un diseño que les daba ventaja competitiva sobre el resto de solicitantes, ya que ambas empresas pudieron conocer, a través de sus antiguos Consejeros Delegados y en aquellos momentos altos cargos del gobierno de Monago, con antelación las exigencias del decreto, la documentación a presentar y el poco plazo que había para hacerlo, una vez publicado el Decreto de convocatoria, que era de solo 20 días.

Además, para rubricar su ventaja y hacerla efectiva, el propio decreto establecía “un premio” de 15 puntos a aquellos expedientes correctamente presentados y que no tuvieran que hacer subsanación, corrección de errores o entrega de documentación complementaria.

Cabe destacar que estas subvenciones fueron estudiadas, baremadas y puntuadas por la Dirección General de Medio Ambiente, a través del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, cuyo titular continúa en la actualidad desempeñando el mismo puesto, a pesar de ser de libre designación y especial confianza política.

Así, este departamento era el que hacía la propuesta de resolución de aprobación de las ayudas, que finalmente aprobaba el propio Echávarri.

Para AEEFOR la gravedad de estos hechos se incrementa notablemente si se tiene en cuenta que la convocatoria de las ayudas se hacía por el procedimiento de concurrencia competitiva, lo que implica que para que se aprobaran los expedientes que presentaron Ambienta y Puebla y Estellez tuvieron que rechazarse otros, que se quedaron sin acceso a la subvención…. Simplemente porque no contaron con la eficaz intermediación de las empresas de las familias de Enrique Julian y German Puebla.

AEEFOR señala directamente a Echávarri como responsable último de las subvenciones aprobadas por su consejería a los expedientes presentados por el director general, siendo su empresa familiar y la del director general del CICYTEX, algunas de las grandes beneficiadas de esas ayudas.

Por este motivo, la Asociación recomienda al consejero que deje de esconderse tras sus compañeros de partido y dé personalmente la cara explicando detalladamente ante la opinión pública lo que, en breve, tendrá que explicar ante la fiscalía y los tribunales.

También pide a Enrique Julián Fuentes, ex director general de Medio Ambiente, y a Germán Puebla Obando, ex director general de IPROCOR y CICYTEX, que aclaren públicamente la participación de sus empresas familiares en el proceso de adjudicaciones y subvenciones de la consejería de Medio Ambiente.

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