El sector forestal andaluz denuncia la competencia desleal de Tragsa por las encomiendas de gestión

Sevilla, 14 de octubre de 2015. La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas por el abuso en la utilización del sistema de encomiendas de gestión. De este modo, la patronal forestal andaluza se suma a la denuncia hecha pública recientemente por la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (AEEFOR) en la que pidió al presidente de la Junta extremeña, Guillermo Fernández Vara, que no considere a Tragsa como medio propio como se ha venido contemplando en la Ley de Presupuestos de esa Comunidad.

La patronal forestal andaluza, en una carta enviada al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se ha hecho eco de esta petición trasladándola a nuestra región, ya que la Junta de Andalucía sólo cuenta con un 1% de las acciones de esta empresa estatal, perteneciente al grupo SEPI, sin capacidad de decisión en la política empresarial de esa entidad. Por ello, espera que para el próximo ejercicio esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado. AAEF señala el daño que la empresa pública está ejerciendo a este sector y recuerda que obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a la empresa pública Tragsa, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos.

AAEF entiende, pero no comparte, las recientes declaraciones del presidente nacional de Tragsa, Miguel Giménez de Córdoba, en las que exponía las dificultades económicas por las que atraviesa la empresa pública, con una disminución de la facturación del 60% con respecto a 2011 y actualmente con una “plantilla sin trabajo”, por lo que reclamaba la adjudicación directa de obras y servicios para no tener que realizar despidos e indemnizaciones “con dinero del Estado”. La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. AAEF entiende la problemática de plantillas sin trabajo porque las empresas del sector también han sufrido esta situación, viéndose obligadas a pagar con sus propios fondos, y sin ayudas estatales, las reestructuraciones de personal. Esta situación, además, ha llevado a casi un 30% de las empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas.

Por ello, AAEF no comparte la intención del presidente de Tragsa de querer disponer de privilegios para la solución de sus problemas financieros y laborales, lo que supone de facto una competencia desleal en el mercado forestal y medioambiental de Andalucía. Por ello, esta patronal pide a la administración autonómica y a los grupos parlamentarios, que eliminen de la Ley de Presupuestos de la Comunidad a TRAGSA, como medio propio de la Junta de Andalucía y acaben con las encomiendas de gestión de obras y servicios forestales y medioambientales.

En esta línea, esta patronal también solicita, como ya ha hecho en diferentes ocasiones, una revisión en el modelo de gestión de la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) así como del papel que ocupa esta agencia dentro del sector medioambiental en nuestra región, a fin de que se eviten situaciones de dominio empresarial y competencia directa al sector empresarial privado.

La alta actividad de las empresas y agencias públicas, estatales y regionales, en el sector forestal y medioambiental actualmente está generando una posición de dominio que causa un importante daño a la actividad de las empresas privadas, impidiéndoles competir en igualdad de condiciones. AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

La patronal forestal andaluza teme que la expulsión de Tragsa de Comunidades Autónomas como Extremadura conlleve que esta empresa pública obtenga mayores cuotas de mercado en otras regiones para compensar sus pérdidas. Así, en Andalucía, donde ha recibido en estos últimos años más de 200 millones de euros en obras y proyectos medioambientales se corre el riesgo de que esta cifra aumente aún más, repercutiendo negativamente en el entramado empresarial privado y en la generación de nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, AAEF quiere recordar que no es la única patronal sectorial que ha denunciado el abuso excesivo del sistema de encomiendas de gestión a las empresas públicas, ya que son muchas las voces que se han levantado en estos últimos tiempos en contra de este sistema en toda España, como AEEFOR, FIDEX, TECNIBERIA, FEEF, ASEMFO, etc.

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